La declaraci\u00f3n de quiebra de Puerto Rico, con el objetivo de reestructurar una deuda impagable de cerca de 70.000 millones de d\u00f3lares, cumpli\u00f3 esta semana 2 meses, en lo que es el proceso de bancarrota m\u00e1s grande de un territorio bajo la jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos.<\/p>\n
El Gobierno de Puerto Rico contin\u00faa, a d\u00eda de hoy, sumido en graves problemas financieros y enfrentado a la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal, la entidad de control federal impuesta por Washington, mientras la jueza Laura Taylor Swain se encarga de un proceso de quiebra que trata de conciliar los intereses del Ejecutivo y acreedores.<\/p>\n
La quiebra se rige bajo el cap\u00edtulo III de la Ley para la Supervisi\u00f3n, Administraci\u00f3n y Estabilidad Econ\u00f3mica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingl\u00e9s), aprobada hace un a\u00f1o por el Congreso en Washington para atender la llamada del Ejecutivo de San Juan ante el caos que se avecinaba.<\/p>\n
El cap\u00edtulo III de Promesa es un h\u00edbrido entre los cap\u00edtulos 9 y 11 del C\u00f3digo de Quiebras de EEUU<\/p>\n
Y estableci\u00f3 una moratoria que imped\u00eda a los acreedores interponer demandas judiciales por impago, pero ante el final de ese periodo y la amenaza de procesos judiciales interminables y el desgaste que eso supondr\u00eda para el Gobierno que lidera Ricardo Rossell\u00f3, en el poder desde enero, se dio paso a la quiebra.<\/p>\n
Rossell\u00f3 tom\u00f3 la iniciativa al pedir a la JSF que presentar\u00e1 formalmente la petici\u00f3n ante la corte del distrito federal de Puerto Rico.<\/p>\n
La petici\u00f3n de acogerse al cap\u00edtulo III de Promesa se hizo de forma similar a una bancarrota de una empresa, aunque bajo el dise\u00f1o espec\u00edfico que prev\u00e9 Promesa.<\/p>\n
El paso fue un \u00faltimo recurso al no poder Puerto Rico acogerse al c\u00f3digo de bancarrota que establece la ley de EEUU debido a que la isla caribe\u00f1a cuenta con un estatus de Estado Libre Asociado.<\/p>\n
El proceso de bancarrota en el que entr\u00f3 Puerto Rico hace 2 meses permiti\u00f3 al Gobierno local mantener operaciones, amenazadas ante la falta de liquidez.<\/p>\n
La quiebra ordenado permitir\u00e1 a Puerto Rico renegociar su deuda bajo la supervisi\u00f3n de una corte federal, encargada de determinar que se pagar\u00e1 a los acreedores y poseedores de bonos de deuda p\u00fablica.<\/p>\n
La quiebra de la isla est\u00e1 considerada la mayor bancarrota de un territorio bajo jurisdicci\u00f3n de EEUU en toda su historia.<\/p>\n
El Gobierno de Puerto Rico pudo financiar su d\u00e9ficit, presupuesto tras presupuesto, gracias al atractivo que supon\u00eda para los estadounidenses su deuda, al tratarse de bonos exentos del pago de impuestos sobre la renta para los compradores del pa\u00eds norteamericano.<\/p>\n
La magnitud de la deuda lleg\u00f3 a hacerse insostenible y fue en 2015, con Alejandro Garc\u00eda Padilla al frente del Ejecutivo, cuando el Gobierno de Puerto Rico hizo p\u00fablico que la falta de liquidez hac\u00eda imposible afrontar el pago de los vencimientos.<\/p>\n
El t\u00edtulo III de Promesa permite a Puerto Rico renegociar con los tenedores de su deuda p\u00fablica y la que mantiene con sus acreedores de bienes y servicios.<\/p>\n
El proceso de quiebra que establece el t\u00edtulo III de Promesa no ha significado en ning\u00fan caso el final de los problemas para el Gobierno de Puerto Rico, que sigue enfrentado a la JSF por los ajustes que exige y que amenazan a los funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n
Puerto Rico sufre un desempleo que supera el 10 por ciento y una tasa de pobreza que afecta a la mitad de la poblaci\u00f3n, a lo que se suma una emigraci\u00f3n rumbo a EEUU de m\u00e1s de 60.000 personas al a\u00f1o.<\/p>\n
Fuente: EFE<\/p>\n
\nSource: Economia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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